Audiencia donde habló Rosa Elvira, en el Consulado de México en Los Ángeles, el 20 de julio.Consulado de México en Los Ángeles

Hasta hace una década, unos 1.700 trabajadores consulares contaban con visas A-2 de vigencia indefinida, cuya renovación anual dependía de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. Gracias a ese esquema, empleados como Rosa Elvira hicieron carrera y echaron raíces en Estados Unidos. Los catalogan como Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (PSPI).

El panorama cambió en 2016, cuando la Administración de Barack Obama modificó las condiciones de esos permisos: limitó su vigencia a cinco años y eliminó la posibilidad de renovarlos. Desde entonces, el Gobierno mexicano ha conseguido prórrogas temporales mediante negociaciones diplomáticas. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador lograron extender esos permisos y ahora la Cancillería intenta mantener ese margen de maniobra. Estas medidas, sin embargo, no evitaron que el número de trabajadores con esas visas se redujera drásticamente, a unos 400, menos de una cuarta parte de la plantilla original.

Las conversaciones tienen lugar en un momento de creciente tensión diplomática entre ambos países, marcada por la revisión que Washington inició sobre los 53 consulados mexicanos en su territorio, una medida que podría desembocar en el cierre de algunas oficinas. Washington sostiene que su vecino del sur habría intentado influir en las elecciones de medio mandato de noviembre, una acusación que las autoridades mexicanas han negado.

“No quieren volver”

El canciller Roberto Velasco Álvarez describió el problema como una “situación compleja”. Explicó que, tras la falta de una solución de fondo durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Administración de López Obrador inició negociaciones con Washington para retrasar la salida obligada de estos trabajadores.

“Hemos venido negociando desde el sexenio pasado que se extienda la permanencia de este personal en Estados Unidos y con ello hemos logrado que, durante más de ocho años, se extienda la vigencia de esas visas”, afirmó el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum del 7 de julio. “Vamos a seguir buscando opciones, tanto por la vía diplomática como por la vía administrativa... Si es necesario que algunas personas regresen a México (y ver) qué alternativas se les pueden ofrecer en la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Otro factor complica más el tema: no todos tienen previsto volver de inmediato a México, ya sea solos o junto con sus familias. Un funcionario del servicio exterior mexicano que habló con EL PAÍS bajo condición de anonimato explicó que algunos exempleados consulares incluso han optado por permanecer como indocumentados tras perder la visa A-2. “Tienen muchos años en Estados Unidos; tienen hijos, parejas, toda una vida aquí. No quieren volver a empezar allá”, señaló. “Hay más problemas para los de mayor antigüedad”.

Claudia Sheinbaum Pardo y Roberto Velasco en Palacio Nacional, el 7 de julio.

Pero es precisamente ese arraigo lo que busca impedir la política diplomática adoptada en 2016, una postura que la Administración de Trump no está dispuesta a modificar. “Las visas A-2 son para viajes temporales a Estados Unidos con el propósito de desempeñar exclusivamente funciones o actividades oficiales en nombre de un gobierno extranjero, y no tienen como objetivo facilitar que sus titulares ‘echen raíces’ en Estados Unidos”, señala una declaración escrita que el Departamento de Estado envió a EL PAÍS.

Ni esa dependencia ni la Secretaría de Relaciones Exteriores respondieron a las preguntas de este medio sobre cuántos trabajadores consulares mexicanos han perdido sus visas A-2 ni cuántos más las perderán en los próximos meses.

Una promesa incumplida

El único despido que la Cancillería mexicana ha reconocido es el de Rosa Elvira, todavía empleada del Consulado en Los Ángeles. “En el caso de ‘Rosita’, el Departamento de Estado nos notificó que su acreditación finalizaría el 21 de agosto por virtud de su edad”, explicó el cónsul Carlos González en aquella audiencia en la que ella le pidió ayuda para no perder su empleo. “Esto es producto de una decisión del Gobierno de Estados Unidos… No es necesariamente parte de nuestra jurisdicción”, aclaró el funcionario.

La fuente de la Cancillería mexicana consultada por este periódico sostuvo que el esquema de visas A-2 también resultaba conveniente desde el punto de vista económico para el Estado mexicano. Al mantener a estos trabajadores bajo ese régimen, se limitaba el reconocimiento de su antigüedad laboral, se reducían sus prestaciones y se les mantuvo durante décadas con salarios bajos, pese a que han asumido buena parte de la carga de trabajo en los consulados.

Una de las alternativas que llegó a considerar el Gobierno de López Obrador, según la fuente consultada, era incorporar a la nómina de la Secretaría de Relaciones Exteriores a estos empleados. Esa propuesta, sin embargo, jamás se concretó.