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China no ha tenido rival en el mercado del litio desde que se planteó como política de Estado impulsar la transición energética para no depender de combustibles importados y garantizar su seguridad energética. El llamado “oro blanco” es esencial para la lucrativa industria de los vehículos eléctricos, dominada por el gigante asiático, al ser usado para la fabricación de baterías. Entre 2021 y 2023 su demanda aumentó un 250%, según datos de la Agencia Internacional de Energía. Más de la mitad de las reservas de este mineral se concentra en el llamado “triángulo del litio”, entre Argentina, Bolivia y Chile, lo que explica por qué China ha fijado la mirada en América Latina, con al menos 28 proyectos vinculados a la cadena del litio en cinco países, sumando también a México y Brasil.

La oportunidad trae inversión extranjera y acceso a tecnologías emergentes, pero los salares semiáridos que suelen albergar las reservas han visto sus frágiles ecosistemas amenazados por la alta demanda de agua para su explotación. Varias de las zonas estratégicas también son habitadas por pueblos indígenas que vienen demandando en los últimos años su inclusión en la consulta previa, como ratifican acuerdos internacionales, y denuncian que su acceso al agua, dependiente de fuentes subterráneas, se ha visto mermado. Estas son las conclusiones del recientemente presentado informe La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, elaborado por una serie de instituciones de varios países agrupadas en el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA).

El documento da cuenta de cómo China ha incorporado a Latinoamérica como fuente de provisión de materias primas para el desarrollo de sus tecnologías de energía alternativa, como la fabricación de automóviles eléctricos, paneles fotovoltaicos o energía eólica. El informe se concentra en el litio, pero el vínculo de dependencia se extiende a todos los minerales críticos, como apunta a EL PAÍS el director chileno del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y uno de los autores, Luis Cuenca: “Como región, en la cadena de valor de la economía global seguimos ocupando el puesto de proveedores de materias primas que hoy en día terminan principalmente en China. Chile es el segundo mayor productor de litio y más del 70 % de lo que se extrae va a China”. Algo similar ocurre con el cobre.

El fortalecimiento de la relación comercial entre América Latina y China en este siglo vino acompañado con el extractivismo. El valor de las exportaciones de la región al país asiático creció más de 46 veces entre 2005 y 2024; cerca del 80 % de las exportaciones son materias primas, apunta el informe. Si bien en los últimos años los Gobiernos de Latinoamérica han sentido la influencia política de Donald Trump, la dependencia con su rival China está tan consolidada que apenas ha cambiado el tablero económico, como resalta otro de los autores y miembro del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), Óscar Campanini.

“[Javier] Milei empezó con declaraciones rústicas respecto a China y ahora la declara como una gran socia comercial. China tiene un rol central en la región, no necesariamente respecto a inversión o proyectos de materias primas, pero sí en el mercado. Otro punto importante son las importaciones: importamos todos los bienes, desde ropa hasta tecnología”, aseguró Campanini. “Trump quiere romper esa dependencia, pero eso implica reconstruir una industria que ellos mismos desplazaron a Asia”.

Junto con la estrategia nacional para ocupar un lugar dominante en la cadena de valor del litio y los incentivos fiscales y crediticios a fabricantes, China también elaboró planes de actuación en el exterior que pregonan principios de cooperación “verde, limpia y centrada en las personas”. La investigación, sin embargo, observa contradicciones en algunos casos entre discurso y acción. En Bolivia, Chile y Argentina, la extracción de litio a partir de salmueras en salares andinos consume grandes volúmenes de agua, lo que agrava la escasez hídrica. Es el caso de la reserva Eduardo Abaroa, en Bolivia, y el salar de Atacama, en Chile. En el primero, las tasas de evaporación son muy superiores a la precipitación anual, mientras que el segundo se hunde entre uno y dos centímetros por año debido al bombeo sostenido de salmueras, apunta el texto.

Mientras que en Brasil, donde el litio se encuentra en depósitos de roca, la presión sobre los recursos hídricos se ha generado en el valle de Jequitinhonha, una zona ya afectada por déficits hídricos y donde ahora el abastecimiento por cisternas, antes destinado a comunidades indígenas, se ha desviado a la actividad minera. Por su parte, México emprende su proyecto de litio a través de la extracción en arcilla en el desierto de Sonora, un ecosistema árido y dependiente de acuíferos subterráneos.

Cuenca asegura que la experiencia chilena de 50 años de explotación de litio ha profundizado la desigualdad y aumentado las zonas de sacrificio. “Si bien hay una captura de la renta por la venta de materia prima, no llega toda a manos del Estado. Es una actividad muy intensiva para los territorios, pero que genera poco empleo. El balance no puede ser solo económico, tenemos que incorporar otras dimensiones ambientales y sociales”. La rica región minera de Antofagasta, núcleo de producción de litio y cobre del país, es la comunidad con la tasa de mortalidad por cáncer más alta de Chile, según datos oficiales . Mucho tiene que ver la presencia de arsénico en el aire y el suelo contaminado.

En el salar del Hombre Muerto, en Catamarca (Argentina), las comunidades locales han denunciado la pérdida de caudales en humedales, atribuida al bombeo intensivo de agua para las operaciones mineras de litio. La Corte Suprema de Justicia de Catamarca decidió entonces, en 2024, suspender las actividades extractivistas, pero en abril pasado levantó las restricciones después de que las empresas participantes presentaran un estudio de impacto ambiental.

El informe de la CICDHA presenta este exhaustivo panorama para terminar con una pregunta: si el actual modelo de explotación del litio puede sostener una transición energética justa o si reproduce las mismas lógicas extractivas que históricamente han generado desigualdad y degradación ambiental en la región. Cambiar un modelo extractivo por otro de iguales características.