El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos quiere expandir “agresivamente” su operación en México para 2025 como parte de su lucha contra el fentanilo. Así lo señalan en un documento que publicaron esta semana bajo el nombre de “Estrategia para combatir los opioides ilícitos”, en el que detallan que buscarán que sus agentes desplegados en el país al sur de su frontera profundicen sus investigaciones “de alto perfil” contra los cárteles mexicanos. A días de haber extraditado a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, la Administración estadounidense vuelve a presionar sobre el tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los mayores detractores de la política estadounidense de infiltrarse y operar en México. “Es una intromisión abusiva y prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo”, dijo en abril pasado, cuando se conoció que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) había estado espiando al Cartel de Sinaloa en territorio mexicano.

Los dos países pasan estos días por una sintonía que no se sabe cuánto durará. México entregó a Estados Unidos uno de los líderes de Los Chapitos, la rama del cartel que encabezan los hijos de El Chapo, por una solicitud que habían hecho meses atrás. La Cancillería mexicana se mostró muy en línea con la lucha contra este opioide en una de las reuniones por la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Estados Unidos ha elogiado estas acciones, pero quiere más. Esta semana, el fiscal general, Merrick Garland, dijo ante la Cámara de Representantes que quiere la detención y extradición de los otros tres líderes de Los Chapitos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín. Además de la veintena de imputados, que van desde vendedores de precursores y quienes les consiguen las armas de fuego. El mismo día, el Departamento de Seguridad Nacional anunció su intención de expandirse en México.

Uno de los objetivos de la estrategia estadounidense, de acuerdo con el documento, es ampliar la Unidad de Investigación Criminal Transnacional que tienen en México. El fin, dicen, es atacar el trasiego de precursores, cerrar laboratorios clandestinos y arrestar la mayor cantidad de narcotraficantes. El documento asegura que su equipo de trabajo colabora con el intercambio de información y las investigaciones bilaterales entre los dos países y que mejora “la capacidad del país anfitrión para investigar y procesar a personas involucradas en actividades delictivas transnacionales”.

“En el año fiscal 2025, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional ampliará agresivamente la Unidad de Investigación Criminal Transnacional de México e implementará varios cambios operativos para mejorar la productividad y centrarse en la fabricación ilícita de opioides”. Los años fiscales en Estados Unidos comienzan en octubre y finalizan en septiembre, esto significa que planean expandirse en la recta final del sexenio de López Obrador, quien se ha opuesto abiertamente a la intervención estadounidense en México. Fue su Gobierno quien disolvió la unidad mexicana especializada en antinarcóticos que trabajaba desde hace un cuarto de siglo en coordinación con la DEA. “Ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia”, acusó entonces.

La tensión en materia de seguridad entre los dos países ha sido una constante en los últimos años. La nueva avanzada llega en un momento de sintonía, pero los antecedentes establecen un terreno árido. López Obrador ha intentado desde que tomó el poder restringir la acción de agentes estadounidenses en el país. Este año, cuando se conocieron los informes que había hecho la DEA sobre el seguimiento a miembros del Cartel de Sinaloa, amagó con llevar el asunto a la mesa bilateral de negociaciones y aseguró que no permitiría intromisiones en la política de seguridad de su Gobierno. “No puede haber agentes extranjeros en nuestro país”, reclamó.

El informe de Seguridad Nacional, que detalla que padecen 270 muertes por sobredosis cada día, describe las nuevas apuestas, entre las que aparecen la capacitación a sus colegas de otros países para que puedan atajar mejor la compra y el transporte de los precursores químicos. El escenario de la producción de fentanilo descrito comienza en China, donde se producen los precursores químicos, ”que no entran en Estados Unidos”, sino que son enviados a México y Centroamérica por una red que usa rutas terrestres y marítimas. Muchas veces esos productos son transportados por vías legítimas, señala el documento, ya que “no están controladas en el país de origen ni en el país de destino”.

Otro foco rojo que tienen que atajar está en la frontera sur, principalmente del lado oeste. Allí han reforzado la presencia de agentes que investigan el trasiego ilegal de opioides y buscarán además establecer un Centro de Delitos Financieros Transfronterizos que pueda atacar las complejas operaciones que montan para lavar el dinero que entra del narcotráfico. En la frontera también han puesto el ojo en una pelea que el Gobierno mexicano lleva años dando: la del tráfico ilegal de armamento, quizás el único punto donde admiten responsabilidad en la crisis del fentanilo. “El contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos a México proporciona un mecanismo para que los cárteles amenacen los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir la producción ilícita de opioides”, concluye el documento.

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