La Secretaría de Seguridad ha informado este lunes de la muerte de un marino tras una emboscada criminal ocurrida el fin de semana en San Marcos, una comunidad de Mazatlán, Sinaloa. El ataque armado contra las autoridades también dejó otros tres marinos heridos. “Dos de ellos se encuentran fuera de peligro y uno en estado de gravedad”, ha matizado la dependencia en un comunicado conjunto. Lo ocurrido derivó en un reforzamiento de la seguridad en la región, que desembocó en otro enfrentamiento en El Rosario, un municipio a 180 kilómetros al norte de Mazatlán. La dependencia ha informado de que 10 agresores perdieron la vida tras ese segundo ataque.

La Secretaría de Seguridad subraya que los marinos atacados en la ciudad portuaria realizaban sondeos y monitoreos en ríos y presas para prevenir de fuertes incrementos en los niveles de agua. En el segundo operativo, las autoridades lograron arrestar a tres personas e incautar armamento y municiones, pruebas que ya han sido incluidas en la carpeta de investigación de la Fiscalía. “La Secretaría de Marina se solidariza con los familiares, compañeros de armas y seres queridos del elemento naval que perdió la vida en el cumplimiento de su deber”, ha apuntado la dependencia en el escrito.

Sinaloa vive en un estado de convulsión desde hace años. La entrega a finales de julio de 2024 de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, desató una fuerte oleada de violencia en un territorio ya de por sí marcado por la huella del crimen organizado. La guerra entre dos facciones del Cartel de Sinaloa —los Mayos y los Chapitos— ha elevado la inseguridad en el territorio desde entonces, especialmente en la capital del Estado, Culiacán, convertida en el principal escenario de la batalla.

A la violencia en el territorio se le han sumado las acusaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Morena en el territorio, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. El vecino al norte de la frontera apunta que los servidores públicos habrían conspirado con líderes del Cartel de Sinaloa con protección e información a cambio de apoyo político y sobornos. Es un señalamiento que desde el Gobierno federal han rechazado, al afirmar que las duras acusaciones no cuentan con pruebas suficientes para exigir la deportación de los funcionarios. La Fiscalía General de la República inició las investigaciones permanentes sobre el asunto, y al menos tres de los funcionarios acusados ya se han entregado a la justicia de Estados Unidos.