POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Luego que el Gobierno anunciara la suspensión temporal de los trabajos de limpieza en el lago de Amatitlán; sectores exigen, además, que sean devueltos al Estado Q22.8 millones que ya fueron entregados a la empresa de origen israelí M. Tarcic Engineering Ltd como parte de un contrato firmado en octubre de 2014 para la rehabilitación y manejo de la calidad del agua en este cuerpo lacustre.

Jorge Cabrera, ambientalista y consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), señaló que la empresa M. Tarcic está obligada a reintegrar al erario nacional de Q22.8 millones, dinero que ya fue cancelado según el representante de la misma, Ury Roitman; por parte de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del lago de Amatitlán (AMSA), el año pasado.

Esto tras la reciente decisión del Gobierno de suspender provisionalmente la aspersión de una sustancia líquida supuestamente orgánica en las aguas del lago de Amatitlán, comprada a la empresa de capital israelí así como los pagos pendientes y los trabajos para descontaminar este sistema acuático hasta lograr un acuerdo con científicos nacionales y extranjeros.

El investigador de ASÍES también explicó que las autoridades de turno incurrieron en una ilegalidad al firmar documentos y avalar un proyecto que hasta el momento no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental tal como lo exige la legislación nacional, por lo que se deben iniciar las pesquisas y las acciones penales que correspondan contra los funcionarios responsables de la aprobación del uso de la “fórmula mágica” en el manto acuífero.

“La empresa está obligada a devolver el dinero hasta que se compruebe la efectividad de la fórmula o se monte un proceso de saneamiento y recuperación integral de la cuenca del Lago. Este proyecto nunca se debió ejecutar tanto por carecer de fundamento técnico y científico como por no cumplir a cabalidad los requerimientos que la ley establece. Por eso importante que en defensa de los intereses del país, se anule completamente el proceso”, acotó Cabrera.

Por su parte, Julio Gonzáles, activista ecológico del Colectivo Madre Selva, se unió al llamado indicando que a su criterio es una situación que riñe con la ley y por tanto no puede quedar impune pues con la aplicación en el lago de Amatitlán del supuesto descontaminante pues la composición aún es desconocida, se puso en riesgo el ecosistema del lugar (flora y fauna) y la salud de la población circundante.

“Entre los delitos que se pueden tipificar contra las autoridades está el incumplimiento de deberes al avalar un contrato millonario que a todas luces carecía de un Estudio de Impacto Ambiental y un registro sanitario. Ambas disposiciones fueron violadas pues la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente obliga a una evaluación de los efectos que producirá cualquier actividad sobre recursos naturales renovables y no renovables del país”, añadió el entrevistado.

Finalmente, la encargada del área socio-ambiental del Instituto de Problemas Nacionales, Magaly Arrecis, dijo que para el rescate del lago de Amatitlán, más que exigir la devolución de los fondos que hasta el momento se han invertido, AMSA y el Ministerio de Ambiente tienen que entender que no se lograra hasta que se apliquen acciones de largo plazo que incluyan un proyecto integral que trabaje a nivel de la cuenca alta, media y baja y se detengan las fuentes de la contaminación.