Pocas horas después de que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmara este sábado su proyecto de ley de aborto, cumpliendo una promesa de campaña establecida en su programa de Gobierno, la Iglesia católica, desde diferentes frentes, ha salido a criticar la iniciativa con la que el Ejecutivo después de 25 años pretende despenalizar la interrupción del embarazos en tres supuestos: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. La institución defiende su derecho a negarse a practicar abortos en los centros de salud ligados a la Pontificia Universidad Católica, que otorgan cobertura a diferentes sectores de la población, pese a que la iniciativa del Gobierno determina que las instituciones no podrán negarse a realizar abortos invocando la objeción de conciencia.

“El médico podrá abstenerse de interrumpir el embarazo cuando haya manifestado, en forma escrita y previa, su objeción de conciencia, pero no podrá excusarse de realizar la interrupción cuando la mujer requiera la atención inmediata e impostergable y no exista otra persona que pueda realizarla. Igualmente, se establece la obligación del prestador de salud de reasignar a otro médico cirujano que no haya objetado en conciencia, a la mujer que requiera de la intervención”, señala el proyecto de ley del Gobierno que comenzará a ser discutido en marzo en el Congreso, después del receso legislativo de febrero. “Desde luego, se trata de un derecho propio del médico que interviene, en cuanto persona natural”.

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se ha opuesto al proyecto del Gobierno y ha anunciado que “si hay médicos de la Red UC disponibles para hacer abortos, deberán ir a trabajar a otros lugares”. “En nuestra Red UC Christus no se harán abortos, nuestros principios y valores no van a cambiar por un determinado proyecto de ley. Esto es definitivo”, señaló la máxima autoridad de la casa de estudios, una de las más importantes del país, en una entrevista publicada este domingo por el periódico La Tercera. En la misma línea, el cardenal Ricardo Ezzati defendió la objeción de conciencia institucional e indicó: “No se nos puede obligar a un acto que no aceptamos posible realizar”.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile también se refirió a los parlamentarios católicos que eventualmente legislen a favor del proyecto de ley de aborto del Gobierno: “Si soy católico y apruebo una doctrina contraria a mi fe, eso tiene una gravedad. No digo que sea excomunión en todos los casos ni automáticamente”, dijo Ezzati sobre las medidas que la Iglesia podría tomar en contra de los legisladores creyentes. Este punto tiene especial relevancia por la situación que enfrenta la Democracia Cristiana: aunque son parte del Gobierno y apoyaron el programa de reformas de Bachelet, los asuntos relacionados con los valores complican a los dirigentes de esta colectividad, que ha puesto reparos a la iniciativa y solicitado que las tres causas de despenalización del aborto sean votadas por separado en el Congreso.

El proyecto de ley tiene como centro los derechos de las mujeres y establece que, en cualquiera de las causas, debe existir la expresión de la voluntad libre de las embarazadas, de manera expresa, previa y escrita ante el médico. De ser aprobado por el Congreso, podrán abortar las chilenas que tengas más de 18 años, las jóvenes entre 14 y 18 con la información previa a sus padres y las menores de 14 con la autorización de su representante legal o la aprobación previa de un juez de familia.

Chile es el segundo país de la región donde se ha producido un importante proceso de secularización, aunque no de forma tan acelerada como en Uruguay, de acuerdo al último informe del Latinobarómetro. Si en 1995 Chile tenía 74% de católicos, en 2013 la adhesión a la Iglesia pierde 17 puntos porcentuales, llegando a 57%. Pese a los números, sin embargo, su influencia es innegable y siempre ha sido un factor determinantes a la hora de legislar sobre asuntos como el divorcio, los derechos de los homosexuales y el aborto.