A año y medio de las elecciones presidenciales en Argentina, los candidatos declarados o eventuales a reemplazar a la peronista Cristina Fernández de Kirchner han introducido la inseguridad ciudadana en la temprana campaña proselitista. La provincia de Buenos Aires, donde viven más de 15 millones de personas, el 39% de los argentinos, en un territorio más extenso que el de Italia, decretó el pasado sábado la emergencia pública en seguridad. Esta implica un plan de 22 medidas, que incluye la reincorporación obligatoria de 5.000 policías retirados a una fuerza de seguridad provincial que ya cuenta con 72.000 uniformados. El gobernador bonaerense y candidato presidencial, el kirchnerista moderado Daniel Scioli, respondió así a dos semanas en las que diez ladrones fueron linchados por vecinos en diversas ciudades de Argentina. Entre el sábado y ayer los linchamientos se elevaron a 12.

Argentina es el tercer país con menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de Latinoamérica (5,5, frente al 0,8 de España), detrás de Chile y Cuba, pero es el de mayor índice de robos. El Gobierno bonaerense ya ha comenzado a convocar a los expolicías. Además, comprará para las fuerzas de seguridad 1.000 coches, 30.000 chalecos antibalas y 10.000 armas y obligará a los 40.000 guardas de seguridad privada a avisar a los uniformados sobre situaciones de riesgo. También ha desarrollado una aplicación para móviles que permite enviar un mensaje de alerta a la policía, enviará un proyecto de ley para limitar las excarcelaciones de procesados, otro para castigar con mayor rigor la tenencia de armas sin autorización, insistirá con uno para crear policías municipales, formará una unidad de inteligencia financiera contra el narcotráfico y planteará un debate sobre el régimen penal juvenil, que en la actualidad deja fuera de las cárceles a los menores de 16 años.

Con un estilo más conciliador que Fernández, el gobernador Scioli también ha convocado a la oposición a buscar soluciones conjuntas a la inseguridad. Los opositores han celebrado la apertura del diálogo, pero han considerado tardío el reconocimiento del problema.

En la última encuesta difundida a finales de marzo por el portal de noticias Infobae, el diputado peronista opositor Sergio Massa, que aún no se ha declarado candidato pero ya está en campaña, lidera con el 30,6%; seguido por Scioli, con el 13,4%; el alcalde de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, con el 13,2%; el diputado socialista Hermes Binner, con el 7,4%; y el kirchnerista más puro y ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, con el 6,2%.

El kirchnerismo puro criticó este lunes al gobernador Scioli. El secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, el cura Juan Carlos Molina, dijo que al plan de Scioli le faltan medidas preventivas, como inversión en centros educativos, deportivos y terapéuticos. El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, también criticó “posiciones de coyuntura que responden a un interés de instalación mediática”.

En la oposición, Massa fue quien a principios de año incorporó a la agenda pública el proyecto que el Gobierno y diputados radicales y conservadores habían diseñado para reformar el Código Penal. Massa lo criticó por reducir ciertas penas. Ahora demanda más hechos que anuncios a Scioli.

Macri, que dejó su vida de empresario para dedicarse a la política en 2003 y que también repudió el proyecto de Código Penal elaborado por uno de sus diputados, dijo que “la inseguridad está saliéndose de madre”.