CIUDAD DE MÉXICO, 22 de marzo.- Entre los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados avanza el acuerdo para crear una comisión de investigación de los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos (Pemex), sus empresas subsidiarias y filiales, del año 2000 a la fecha.

Así lo adelantó ayer el vicecoordinador de la bancada del PRD, Miguel Alonso Raya, quien promueve esta iniciativa destinada a revisar las irregularidades y la falta de transparencia que caracteriza los contratos otorgados por la paraestatal, como lo evidencia el caso de la naviera Oceanografía.

Esta instancia de investigación sería diferente a la avalada ayer por diputados de todos los partidos en la comisión de Vigilancia y Auditoría Superior para crear una subcomisión que revise los señalamientos formulados por el órgano fiscalizador en torno a los contratos de dicha empresa con Pemex.

El legislador perredista explicó que las negociaciones encaminadas a crear la comisión especial se sustentan en el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la Cámara de Diputados tiene la facultad de integrar dichas instancias para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

Dicha facultad puede ejercerse si se cuenta con el respaldo de al menos la cuarta parte de los legisladores de San Lázaro.

De acuerdo con el mandato constitucional, el resultado de la indagatoria debe hacerse del conocimiento del Ejecutivo federal.

Alonso Raya consideró que además de la subcomisión que este jueves se acordó concretar —a propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja—, se requiere de la comisión especial ante la ausencia de un marco jurídico efectivo para combatir la opacidad que caracteriza el otorgamiento de contratos en Pemex, situación que, remarcó, propicia la corrupción.

“Desde hace casi tres lustros se han divulgado por diversos medios irregularidades, así como opacidad, en la contratación de servicios y de infraestructura física por parte de Pemex, sus empresas subsidiarias y filiales, cuyas dimensiones y afectaciones patrimoniales no han sido estimadas”, señaló.

Para el líder parlamentario el problema se agrava si se advierte que las denuncias acumuladas en los últimos 15 años no han tenido consecuencia legales.

Antecedente

Expuso Alonso Raya que la destapada corrupción que aqueja a la petrolera representa “un antecedente ominoso”, en un momento en el que a raíz de la reforma energética se pretende abrir la empresa al capital privado para la explotación de los recursos del subsuelo mediante diversas modalidades de contratos y licencias.

Detalló el vicecoordinador que la comisión especial trabajaría con información existente, respaldada por acciones de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismos internos de control de la paraestatal y la Secretaría de la Función Pública.

“A pesar de ser del conocimiento público, estas irregularidades se han seguido repitiendo a lo largo de los últimos años manteniendo un clima de opacidad y nula acción de la autoridad para sancionar a los responsables o para inhibir estas conductas irregulares, en parte por la falta de ordenamientos efectivos o insuficientes debido a la aplicación discrecional de medidas por parte del titular del poder Ejecutivo federal”, argumentó el legislador de izquierda.

“La falta de un marco jurídico efectivo y la debilidad institucional de los órganos responsables de la aplicación de la normatividad en el manejo de los contratos de la paraestatal en los años recientes crea incertidumbre y riesgos de que se acreciente sustancialmente la corrupción, la opacidad, la falta de rendición de cuentas con la apertura al capital privado de la explotación de hidrocarburos bajo el nuevo marco constitucional”, alertó.

Respaldo

Por otra parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, manifestó su respaldo a la idea de concretar la próxima semana la subcomisión en torno al caso de Oceanografía en la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior en la Cámara de Diputados.

Consideró que esa iniciativa  podrá “investigar e identificar a los presuntos responsables y cómplices que haya tenido esta empresa petrolera, tanto en el sector público como en el sector privado, para cometer el fraude no sólo contra Banamex, sino también contra el erario de Pemex”.